Islamabad – El gobierno paquistaní encabezado por Nawaz Sharif, líder de la “Pakistan Muslim League –N”, ha suspendido oficialmente 468 ejecuciones de pena de muerte, lo que confirma la moratoria que existe en el país desde hace cinco años. El tema de la “pena de muerte” desde hace unas semanas está de nuevo en el centro del debate público. A principios de agosto, el gobierno había propuesto la reanudación de las ejecuciones, generando fuertes críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales como “Amnistía Inernational” y “Human Rights Watch”, pero también dentro de la nación.
Según la información de la Agencia Fides, la decisión del gobierno es el resultado de la presión de las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. En particular, para la Unión Europea, la reanudación de las ejecuciones habrían tenido el efecto de eliminar a Pakistán de la lista de naciones que gozan de una “línea preferencial” en el comercio con la UE, como ha declarado Ana Gomes, jefe del subcomisión del Parlamento Europeo sobre derechos humanos. Los analistas y comentaristas en Pakistán juzgan la decisión del gobierno como “un acto de pragmatismo político”, para que Pakistán no pierda “una puerta de entrada a los mercados europeos”.
Según lo informado a la Agencia Fides, numerosos representantes de la sociedad civil y de las iglesias en Pakistán han acogido favorablemente la decisión del Gobierno, porque “tutela los derechos humanos y el valor de la vida, incluso para los presos declarados culpables”.
Son 468 los presos ya condenados a muerte por tribunales civiles o militares, que están a la espera de ejecuciones ya dispuestas, muchos por “terrorismo”. En total, hay unos 8.000 presos que han agotado todos los grados de juicio y están condenados a muerte en varias cárceles paquistaníes.
Según el Código Penal de Pakistán, 27 cargos, entre ellos el de “blasfemia”, se castigan con la pena de muerte. Entre los detenidos también está la cristiana Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia por un tribunal de primera instancia en 2010, y a la espera de un proceso de apelación.
Según la información de la Agencia Fides, la decisión del gobierno es el resultado de la presión de las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. En particular, para la Unión Europea, la reanudación de las ejecuciones habrían tenido el efecto de eliminar a Pakistán de la lista de naciones que gozan de una “línea preferencial” en el comercio con la UE, como ha declarado Ana Gomes, jefe del subcomisión del Parlamento Europeo sobre derechos humanos. Los analistas y comentaristas en Pakistán juzgan la decisión del gobierno como “un acto de pragmatismo político”, para que Pakistán no pierda “una puerta de entrada a los mercados europeos”.
Según lo informado a la Agencia Fides, numerosos representantes de la sociedad civil y de las iglesias en Pakistán han acogido favorablemente la decisión del Gobierno, porque “tutela los derechos humanos y el valor de la vida, incluso para los presos declarados culpables”.
Son 468 los presos ya condenados a muerte por tribunales civiles o militares, que están a la espera de ejecuciones ya dispuestas, muchos por “terrorismo”. En total, hay unos 8.000 presos que han agotado todos los grados de juicio y están condenados a muerte en varias cárceles paquistaníes.
Según el Código Penal de Pakistán, 27 cargos, entre ellos el de “blasfemia”, se castigan con la pena de muerte. Entre los detenidos también está la cristiana Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia por un tribunal de primera instancia en 2010, y a la espera de un proceso de apelación.
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