
Un aspecto dramático que presenta dicho informe, a partir de la información que recoge, es que una de cada tres mujeres indígenas ha sido violada. En algunos casos los responsables son funcionarios estatales o autoridades militares que buscaron "socavar la determinación de las comunidades indígenas en las disputas militarizadas sobre tierras y recursos”.
En otros, esto se da debido a que las mujeres y las niñas indígenas que desempeñan trabajos domésticos en casas particulares se encuentran expuestas a ser abusadas por sus empleadores.
El estudio también examina los asesinatos y crímenes ocurridos contra las mujeres indígenas “como resultado de su marginación y opresión social, cultural, económica y política, que conduce a la violencia”. Las luchas de las comunidades indígenas para reclamar su derecho a la libre determinación y los derechos de las mujeres en general, son consideradas a menudo como algo externo a la lucha indígena y vinculadas a “valores externos” o “valores occidentales” que dan prioridad a los derechos individuales sobre los derechos comunes.
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