Banda Aceh - La demolición de tres pequeños edificios de culto cristiano en la provincia indonesia de Aceh, en la isla de Sumatra, y la fuga de unos 8.000 fieles, tras la violencia de los radicales islámicos, causan “profunda preocupación por la seguridad de miles de cristianos que permanecen en peligro”, escribe el rev. Olav Fykse Tveit, líder del Consejo Mundial de Iglesias, que expresa su solidaridad y cercanía a los creyentes de Indonesia e invoca la paz y la libertad religiosa. Los cristianos se han visto obligados a huir de Aceh Singkil, tras la destrucción de pequeñas iglesias, a raíz de las violentas protestas contra las prácticas cristianas y contra la presencia cristiana en los pueblos de la comarca. La demolición estaba autorizada por las autoridades locales debido a que los edificios se construyeron “sin licencia regular”.En una nota enviada a la Agencia Fides, el rev. Olav Fykse Tveit condena “los recientes ataques contra iglesias y cristianos en la provincia de Aceh, mientras luchan por ser fieles testigos del Evangelio de Jesucristo. El Consejo Mundial de Iglesias, que deplora la violencia contra las personas y las comunidades sobre la base de su identidad religiosa, pide al gobierno de Indonesia que actúe rápidamente para llevar a los responsables ante la justicia”.
El presidente indonesio Joko Widodo ha ordenado a la policía nacional tomar medidas inmediatas para detener la violencia y promover la paz. El Consejo de Ulemas de Indonesia ha condenado el ataque y ha pedido a los musulmanes de Aceh no participar en ninguna actividad que pueda suscitar un conflicto de mayor magnitud entre las comunidades musulmanas y cristianas en la región.
En Aceh está vigente la sharia y, para hacer actividades de culto, las iglesias deben estar autorizadas y registradas. Para obtener un permiso de construcción hacen falta al menos 90 firmas de los residentes del lugar. Según fuentes de Fides, las autoridades van a demoler unas diez aulas de culto, abiertas sin permiso.
Hace apenas unos días, el 23 de octubre, en la provincia ha entrado en vigor el nuevo Código Penal, basado en la sharia, que establece penas severas como la flagelación, por una serie de prácticas consideradas “crímenes” tales como las relaciones homosexuales, el consumo de alcohol, los juegos de azar, el adulterio, el acoso y la violación sexual. Las medidas se aplican sólo a los musulmanes y no a las minorías religiosas, pero los cristianos locales siguen preocupados por el creciente clima de intolerancia.
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