(ZENIT – 25 sept. 2019).- “En Nicaragua, la represión por parte de agentes del régimen de Ortega- Murillo no ha cesado ni un solo día desde el 18 de abril de 2018. Ninguno de los excarcelados en 2019 ha sido verdaderamente liberado – tal como fue el compromiso firmado – porque sus expedientes siguen abiertos. Y se les asedia y acosa permanentemente en sus casas y en sus comunidades”.
Con estas palabras, la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL) denuncia, a través de un comunicado difundido el 19 de septiembre las “arbitrariedades del régimen Ortega-Murillo” y ofrece su solidaridad con la víctimas y “con la mayoría del pueblo que resiste”.
Manifestaciones de 2018
La crisis actual empezó en el citado mes de abril cuando el presidente Ortega- Murillo aprobó la reforma de la ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que preveía un descuento del 5% de las jubilaciones, y un incremento de los aportes de las empresas y los trabajadores, según indicó Vatican News. El pueblo ante esta situación, y en modo particular, los universitarios, comenzaron una huelga, a la que sucedieron las manifestaciones en contra de la reforma del INSS.
El mensaje de esta conferencia de provinciales describe que, efectivamente, entre los meses de abril y mayo de 2018 la población se adueñó de las calles de todo el país y el régimen detuvo las protestas “a sangre y fuego” en el mes de agosto. De este modo, desde septiembre de ese mismo año, Nicaragua sufre un estado de excepción de facto y “el derramamiento no cesa. Ahora la masacre es por goteo”.
Datos
Según los datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), confirmados por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el número de fallecimientos es de 328, entre ellos 28 policías.
Por otra parte, expone el texto, la cifra de heridos y de desaparecidos es más difícil de precisar y durante los meses más duros se produjeron más de 800 detenciones arbitrarias, torturas y abusos de todo tipo.
Régimen de terror
Por otra parte, la nota también describe que las protestas “se han reducido drásticamente gracias al régimen del terror y el miedo instalado por los despliegues policiales desproporcionados ante el anuncio de cualquier movilización”. Diariamente un promedio de 4 personas son capturadas por participar en pequeñas protestas y el allanamiento de morada es una práctica habitual entre la policía y los paramilitares.
“Las víctimas son habitualmente golpeadas, amenazadas, y les roban sus pertenencias. El objetivo es intimidarlas a ellas y a sus familias. El control social es estricto y el espionaje se ha institucionalizado”, apuntan los jesuitas.
Actualmente, los asesinatos no tienen lugar en las ciudades que se rebelaron en abril, sino en zonas rurales. Con una media de dos muertes por día, según la nota, los muertos de hoy son campesinos, opositores al sandinismo desde los años 80 y participantes, después de la rebelión de abril de 2018, en protestas contra el régimen actual.
Crisis económica
La represión ha provocado el exilio de 88.000 nicaragüenses, el despido de 400 médicos por atender a los heridos en las protestas de 2018 o por sus críticas al régimen, la huida de 100 periodistas perseguidos y el control de los medios Canal 100% Noticias y Confidencial por parte del régimen.
La economía de la nación se encuentra inmersa en una “crisis incomparable”, se ha producido el cierre de muchas empresas, más de 100.000 personas han perdido sus empleos formales, y otras 300.000 se han quedado sin trabajo por la depresión económica: “Solo el factor externo de las remesas se mantiene garantizando cierto nivel de sobrevivencia a algunos hogares”, indican los religiosos.
Al mismo tiempo, hacen referencia al hecho de que Nicaragua “es un país pequeño con aproximadamente 6 millones de habitantes; y es el país más empobrecido del continente después de Haití”.
Llamado internacional
Ante todo esto, la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe subraya que “se necesita el respaldo internacional, tanto de la sociedad civil y las organizaciones que luchan desde diversos campos por un mundo más justo, como de todos los gobiernos democráticos de América Latina y del mundo entero; sólo así será posible el retorno de la libertad y la igualdad”.
Así, finalmente, realizan un “llamado a toda la comunidad internacional, particularmente a los miembros de la Organización de Estados Americanos, para que ejerzan sus mejores oficios a través de la diplomacia internacional y se tomen todas las medidas necesarias para rescatar la democracia en Nicaragua y para responsabilizar al régimen actual de los crímenes que ha cometido”.
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