Por: Stefano Gennarini
(C-FAM – ZENIT News Agency / Washington, D.C., 17 de agosto de 2021).- La decisión de la administración Biden de invitar a expertos de la ONU a investigar el historial de derechos humanos de Estados Unidos es mucho más significativa de lo que los críticos estadounidenses de la medida estaban dispuestos a admitir.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, envió una invitación abierta a los expertos en derechos humanos de la ONU para que investiguen el historial de los Estados Unidos en materia de derechos humanos a principios del mes pasado, algo que ninguna administración estadounidense anterior había hecho.
A juzgar por las reacciones débiles y confusas a este anuncio, está claro que la clase dominante de Estados Unidos no comprende realmente la amenaza singular que esto representa para la soberanía y el autogobierno de Estados Unidos.
Los críticos han dicho que la invitación es ridícula porque sometería a Estados Unidos al escrutinio del Consejo de Derechos Humanos, que incluye a China, Rusia, Irán y otros violadores de derechos humanos. Sin embargo, el historial de derechos humanos de Estados Unidos ya está sujeto a revisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los críticos también han dicho que la invitación está equivocada porque socava el estatus de Estados Unidos como la más excepcional de todas las naciones del mundo. Si bien este sentimiento es completamente honorable, también está equivocado. Incluso si Estados Unidos no fuera excepcional, el pueblo estadounidense y sus representantes deberían estar furiosos con la administración Biden.
El problema real es éste: la invitación desatará una verdadera inquisición internacional que amenazará la soberanía y el autogobierno del pueblo estadounidense. Habrá una sucesión interminable de visitas de cuarenta y cuatro expertos en derechos humanos de la ONU que llevan carteras de derechos humanos que van desde la salud a la libertad religiosa hasta la eliminación de las sanciones de Estados Unidos a Cuba y la cancelación de deudas soberanas. Esta inquisición de la ONU continuará durante años bajo la administración de Biden.
Cada experto de la ONU recorrerá el país con toda la pompa y los honores de un dignatario extranjero. Serán bienvenidos en universidades de élite y desfilarán en eventos de la alta sociedad. Llevarán a cabo consultas públicas y privadas para escuchar todo tipo de quejas contra Estados Unidos. Después de un par de semanas, los expertos publicarán sus informes con un juicio sumario sobre el estado del racismo, la salud (incluida la salud reproductiva), la libertad religiosa y otros problemas en Estados Unidos. Los informes se habrán preparado en gran parte con antelación, como es habitual. Y descubrirán que Estados Unidos es un país exclusivamente racista y sexista. Culparán a las leyes y políticas estadounidenses que protegen la libertad religiosa de las iglesias por la opresión de las mujeres y las minorías sexuales.
Los informes preparados por los expertos de la ONU serán utilizados por los enemigos de Estados Unidos, tanto desde dentro como desde fuera, para crear inestabilidad y desconfianza en las instituciones estadounidenses y para dividir aún más al país. Los académicos de las universidades estadounidenses incorporarán estos informes en sus cánones de “despertar”. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos los citarán en su propio trabajo. Políticos como la representante Alexandria Ocasio-Cortez los usarán como evidencia de por qué Estados Unidos necesita una nueva fundación. En la ONU, las delegaciones hostiles a los Estados Unidos los manejarán como garrotes contra los diplomáticos estadounidenses en cada oportunidad en las negociaciones y debates.
Los escépticos de este proceso podrían notar varios problemas con los expertos que pueblan el sistema de derechos humanos de la ONU. Podían notar la mala calidad de su trabajo, como hizo el año pasado la Comisión de Derechos Inalienables de Estados Unidos. Quizás quieran señalar las credenciales discutibles de los expertos, como por ejemplo el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, un médico abortista que promueve la legalización de la prostitución. Además, entre los expertos de la ONU que han sido invitados se incluyen personas cuyos mandatos abarcan cuestiones de derechos humanos que Estados Unidos nunca ha reconocido legalmente como vinculantes.
Los funcionarios de la administración Biden saben que la agenda de los expertos de la ONU va mucho más allá de los tratados vinculantes que Estados Unidos ha ratificado y la Constitución de Estados Unidos. La administración Biden se ofrece a dar la bienvenida a todos y cada uno de ellos al país.
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