Por: Tim Daniel
(ZENIT News Agency / Nueva York, 16.08.2021).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que desestima voluntariamente un caso contra el Centro Médico de la Universidad de Vermont (UVMC) que se había presentado después de que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos supiera que una enfermera fue obligada a participar en un aborto electivo, en contra de sus creencias religiosas.
La “Enmienda de la Iglesia”, promulgada en 1973, prohíbe a los beneficiarios de diversos fondos de programas de salud federales discriminar al personal de atención médica por razón de sus creencias religiosas o convicciones morales sobre el aborto. En el caso del Centro Médico de la Universidad de Vermont, el Departamento de Salud y Servicios Humanos descubrió que la Universidad de Vermont no solo participa en tal discriminación, sino que en una ocasión incluso engañó deliberadamente y obligó a una enfermera a ayudar en un aborto.
El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente del Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y el arzobispo Joseph Naumann, de Kansas City, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la misma conferencia episcopal han dicho: “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está actuando en descuido de su deber de hacer cumplir el significado de la ley federal. Es difícil imaginar una violación de los derechos civiles más espantosa que verse obligado a quitar una vida humana inocente. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos descubrió que el Centro Médico de la Universidad de Vermont obligó a una enfermera, en contra de sus creencias religiosas ya conocidas, a hacer precisamente eso. Esto no solo es profundamente incorrecto, sino que también constituye una violación de la ley federal. Hacemos un llamado a la Administración para que defienda la dignidad básica de los trabajadores de la salud de nuestra nación reabriendo este caso, y al Congreso para que apruebe la Ley de Protección de la Conciencia para que los médicos y enfermeras puedan defender sus propios derechos en los tribunales”.
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