Lusaka (Agencia Fides) - Zambia es un país semi-desconocido en las noticias internacionales: no hay guerras, enfrentamientos tribales, hambre, sequía, langostas, dictadores. Al menos hasta ayer. Pero en las últimas semanas el país ha entrado en una espiral preocupante. En noviembre hubo un impago de cupones de eurobonos por un valor de 42,5 millones de dólares mientras que el pago de 391 millones de dólares adeudado al Banco de Desarrollo de China ha sido pospuesto hasta abril de 2021. La deuda de Zambia se ha más que duplicado en los últimos cinco años, pasando de 4.8 mil millones de dólares en 2014 a 11.2 mil millones en 2019: del 18% del producto interno bruto al 48% del PIB. La inflación aumenta y la moneda cae empicada: en noviembre, la tasa de inflación anual de Zambia subió a su nivel más alto en los últimos cuatro años (17,4%.), la kwacha se devaluó un 33% frente al dólar.
Todo esto ha provocado, como se documenta en un reciente informe de la Red Jesuita de Justicia y Ecología África “un rápido debilitamiento de la economía que está poniendo en peligro la vida económica y social de los ciudadanos comunes, especialmente los pobres, los marginados y los vulnerables”. Este default significa la imposibilidad de obtener nuevos préstamos y la falta de acceso a divisas extranjeras. Esto encarecerá la importación de bienes de Zambia, afectará el crecimiento económico y, en consecuencia, la competitividad general del país. En términos prácticos significa recortes en los servicios sociales o más impuestos para que los ciudadanos paguen la deuda.
Los obispos católicos han expresado su preocupación por el colapso de la economía y los efectos sobre la población más pobre. El presidente de la Conferencia Episcopal, Su Exc. Mons. George Lungu ha invitado al gobierno a salir de su zona de confort y “tomar nota de los gritos silenciosos de nuestro pueblo”.
Según Neil Thompson, investigador de la Economist Intelligence Unit: “la crisis de la deuda de Zambia no se resolverá a corto plazo, los políticos seguirán pensando primero en su reelección”. De hecho, en agosto de 2021 habrá elecciones presidenciales y el presidente en funciones Edgar Lungu ya está tomando medidas para asegurar su puesto. En primer lugar, quiere insertar una enmienda en la Constitución que permita la formación de un gobierno de coalición si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% del total de votos válidos emitidos. Si ningún candidato presidencial supera el 50% en la primera vuelta, el candidato más votado puede proponer un acuerdo a un candidato con menos votos junto con el que alcance el 50% (+1) del consenso, si no hay acuerdo se pasaría a una nueva votación. Los periódicos locales la llaman la enmienda que convierte a los partidos más pequeños en reyes.
Sin embargo, el proyecto de ley requiere una mayoría de dos tercios de los miembros del parlamento para ser aprobado, por lo que si todos los parlamentarios del principal partido opositor Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND) no sucumben al atractivo de la mayoría, la medida no se aprobará. El plan B es abolir el registro electoral actual y crear uno nuevo, dando a los votantes solo 30 días para registrarse. Esto privaría a muchos ciudadanos de las zonas rurales donde, por casualidad, la oposición tenía la mayoría de voto.
De hecho, el presidente está eliminando las posibilidades legales de la oposición al promover indirectamente el riesgo de disturbios y violencia.
(F.F.) (Agencia Fides 29/12/2020)
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