Hanoi (Agencia Fides) - La Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el recién nacido acuerdo de cooperación económica entre 15 naciones asiáticas que representan, en total, alrededor de un tercio del PIB y la población, despierta esperanzas y preocupaciones en la sociedad civil de varios países asiáticos. Sus creadores desean que el pacto se convierta en una fuerza impulsora para el desarrollo en Asia Oriental. Pero el nacimiento oficial del acuerdo, con la firma durante una conferencia virtual el 15 de noviembre en la capital vietnamita, Hanoi, también ha despertado preocupación, especialmente entre las organizaciones de la sociedad civil, por sus efectos en aquellos segmentos más frágiles y débiles de la población, como agricultores o artesanos.
“La crisis del coronavirus debería ser una oportunidad para darse cuenta de la importancia de los agricultores, pescadores y otros productores de alimentos”, asegura la ONG indonesia Solidaritas Perempuan. Las redes y plataformas asiáticas de vigilancia de los derechos humanos, como Focus on Global South, ponen de relieve los peligros para los trabajadores informales, las pequeñas empresas manufactureras y los agricultores. Todas las personas que viven con márgenes de ganancia mínimos gracias a lo que venden a los intermediarios, que luego éstos exportan. Reducir drásticamente los aranceles para los productos agrícolas, por ejemplo, podría tener consecuencias trágicas para los pequeños productores y para las mujeres que trabajan para la subsistencia de sus familias con la agricultura a pequeña escala. La situación, advierten las ONG, se ve agravada por la pandemia de COVID-19.
El Foro Asia Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo (Apwld), con sede en Kuala Lumpur (Malasia), refiriéndose al RCEP, recuerda que “en Asia la pandemia se ha cobrado tantas vidas, destruido economías, borrado millones de puestos de trabajo y medios de vida de una manera nunca antes vista. En este momento, cualquier decisión económica, fiscal y política debe reflejar las necesidades y prioridades de los pueblos”.
Desde Manila, la ONG Trade Justice Pilipinas también se suma a estas advertencias: “En los años en los que hemos seguido las negociaciones, hemos expresado constantemente nuestra preocupación por las implicaciones negativas del RCEP en la economía filipina”. Los sindicatos de Indonesia, Corea del Sur, Australia, Malasia y Camboya comparten las preocupaciones que, como ha manifestado la plataforma sindical Public Service International, han expresado sus reservas sobre los efectos del acuerdo en el empleo.
El maratón de negociaciones de RCEP comenzó hace 8 años con una negociación iniciada en 2011 en Bali durante una cumbre de la ASEAN. El año pasado, India, inicialmente involucrada, se retiró, posponiendo así la inauguración oficial del acuerdo por un año. El RCEP incluye a los diez países de la ASEAN (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Vietnam, Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya, Filipinas, Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia) y cinco países de Oceanía y Asia Oriental: China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
El acuerdo pretende reducir paulatinamente los aranceles sobre muchos bienes y servicios, integrando los compromisos ya establecidos con la Organización Mundial del Comercio con la inclusión de sectores como el comercio electrónico o los derechos de propiedad intelectual. Aunque no será fácil alinear situaciones económicas muy diferentes, los 15 países que iniciaron el RCEP han previsto cláusulas de salvaguardia que tienen como objetivo proteger determinados productos o países. La RCEP también nació como una estructura de cooperación multilateral para la búsqueda de una ventaja económica mutua.
(MG/PA) (Agencia Fides 20/11/2020)
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